Tras la represión ejercida por efectivos de Prefectura Nacional contra trabajadores y trabajadoras afiliados al Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) en el marco de un reclamo por incumplimiento salarial, las tres centrales obreras de Mar del Plata emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron: «La violencia institucional es un delito y ningún tipo de violencia es el camino para resolver los problemas».
A través de un comunicado firmado por la CTA de los Trabajadores Regional Mar y Sierras, la CGT Regional Mar del Plata y la CTA Autónoma Mar del Plata, explicaron que «el gobierno nacional decidió arbitraria e ilegalmente estrenar el protocolo antipiquetes en la ciudad de Mar del Plata, a través de la intervención en un conflicto laboral de la Prefectura Naval Argentina».
Asimismo, las entidades gremiales denunciaron que «Roberto La Bella, dueño de la empresa Legan Fishing Mart S.A, firmó en octubre del 2024 un acuerdo paritario con el SOIP de un 11%, que finalmente incumplió», y agregaron: «En su defecto, les quería pagar un 1%, lo que fue rechazado y por lo cual iniciaron acciones de protesta».
En ese marco, las centrales obreras explicaron que «se hicieron presentes el Coordinador de la Región Nº8 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Raúl Calamante, y el Delegado del mencionado organismo, Daniel Bussico, y mientras intermediaban en la negociación entre delegados del SOIP y la patronal dentro de la planta procesadora de pescado, la Prefectura Naval Argentina sin orden judicial y en jurisdicción provincial-, reprimió a los trabajadores que estaban realizando una medida de fuerza, mediante gas pimienta y balas de goma, ocasionando lesiones a varios de los presentes, entre ellas 2 trabajadoras mujeres adultas que fueron asistidas por el SAME».
«Ante este hecho lamentable, las 3 centrales obreras, CTA-T, CTA-A y la CGT manifestamos la preocupación del accionar de la PNA, que intervino ilegalmente en el conflicto salarial, el cual sólo requería mayor diálogo y un acompañamiento de las autoridades provinciales existente», reza el comunicado.
Finalmente, la CTA-T, CGT y CTA-A indicaron: «Repudiamos el accionar ilícito de la Prefectura Naval Argentina a cargo de Patricia Bullrich, exigimos que se sancione a los responsables y nos solidarizamos con los compañeros lesionados».
