Las agrupaciones sociales enroladas en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) se sumarán a la marcha de la CGT del 17 de agosto al Congreso.
El pasado viernes hubo una reunión en la sede de la calle Azopardo de la central obrera para diagramar la logística de la protesta. Estuvieron presentes la mesa chica de la CGT y Dina Sánchez, secretaria adjunta de la CTEP y Gildo Onorato, secretario gremial de la entidad.
Según se pudo saber, no será una marcha de apoyo al Gobierno sino más bien una interpelación a toda la clase política, incluido el oficialismo, por su responsabilidad en la disparada inflacionaria que prevé para 2022 un indicador récord en los últimos 30 años.
La CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky, también había anticipado su participación en la movilización. Más cercanos al kirchnerismo, en este caso, apuntaban a protestar contra los «formadores de precios» y su directa vinculación en el fenómeno inflacionario.
Algo así como lo que plantea el triunviro cegetista Pablo Moyano y los dirigentes de su propio armado político que, además, rivalizan con sus pares de mesa chica en que no se oponen al pago de una suma fija -independiente de la paritaria-, con la que presiona Sergio Massa para recomponer ingresos.
Es en este marco, que los movimientos sociales decidieron sumarse a la marcha, que promete ser la demostración de fuerza de los trabajadores y sus distintas representaciones, más grande de los últimos años. Habría que remontarse al macrismo para poder trazar algún paralelismo, en este sentido.
La CTEP, además, se siente presionada por el Gobierno por la mentada auditoría de planes sociales que impulsa Massa y el ministro Juanchi Zabaleta (Desarrollo Social). En este sentido, aceptan la revisión pero piden al Ejecutivo que la replique en los intendentes y gobernadores que manejan planes. Se trata, en última instancia, de una disputa silenciosa hacia dentro del propio oficialismo.